En un giro dramático en el mundo empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha acentuado sus acciones legales contra los fundadores de Gedesco, una compañía especializada en la financiación de pequeñas y medianas compañíasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se centra en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, desarolladores de Gedesco, así como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes tomaron las bridas de la administración de la firma valenciana después de que JZI adquiriese el 675% de sus acciones en 2007. Este conflicto legal, que se produjo en el tercer mes del año de 2022 con una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth por desviar supuestamente 80 millones de euros a Stator Management, una entidad íntimamente vinculada a ellos, ha escalado con la presentación de una nueva querella en Valencia por una pluralidad de delitos incluyendo administración desleal y estafa.
Esta segunda demanda, que también implica a José Luis Villafranca, de hoy integrante del consejo de Gedesco, y a tres empresas bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de emplear la estructura de Gedesco en beneficio propio y de obstruir el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La querella detalla de qué manera, pese a la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por falta de integrantes, los acusados prosiguieron tomando decisiones esenciales, bloqueando ciertamente a JZI de formar parte en la gestión de la empresa. Las peticiones de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos ejecutivos han sido de manera sistemática frustradas, con la junta suspendida en siete ocasiones.
Este enfrentamiento no solo se extiende por dos jurisdicciones, con pleitos tanto en Estados Unidos como en España, sino que también revela una trama compleja de discusiones legales que incluye acusaciones contra los socios fundadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La decisión de un juez en La capital española de trasladar uno de estas situaciones a Valencia y el posterior archivo de la causa por carecer de rastros de delito añade otra cubierta a este entramado legal.
Este caso ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos dentro del mundo corporativo, sino más bien también las dificultades inherentes a la resolución de disputas transfronterizas en el campo del derecho empresarial. La situación en Gedesco pone de manifiesto los retos que enfrentan los inversores para resguardar sus intereses y la importancia de una gestión transparente y Haga clic para obtener más información ética en las compañías..